Ley General de Cultura siembra grandes expectativas en el sector
Gestores culturales e involucrados en este sector hacen un análisis de los beneficios que le traerá al país la aprobación de la ley a corto, mediano y largo plazo. Además, gremios y diputados debaten sobre la eliminación de los cinco artículos del capítulo de régimen de incentivos
Ley General de Cultura
El próximo 3 de noviembre, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionará la Ley de Cultura recientemente aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional.
El presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Órgano Legislativo, Héctor Brands, explica que la Ley General de Cultura fue presentada en junio de 2019, y durante los siguientes 10 meses se realizaron consultas a la ciudadanía en todo el país.
“Cuando llegó el turno de hacer las consultas de manera presencial en la ciudad capital, no se pudo a causa de la pandemia”, informa Brands,
“esta ley está compuesta por 19 capítulos y 245 artículos; una vez sea sancionada nos va a permitir tener esa herramienta jurídica que nos dé las normativas para que a través de las políticas públicas que le toca implementar al Ministerio de Cultura (MiCultura), se pueda fortalecer lo que tenemos en materia cultural en el país”.
Señala que, dentro de la ley, de enero hasta la fecha, se reforzaron algunos puntos como el incentivo al sector cultural. “Otro aspecto importante que se robustece es el capítulo que habla de los patronatos.
Esto nos permitirá reforzar la labor de administración que realizan estos centros con los bienes del Estado. Realmente esto ha sido un logro que se ha llevado de la mano con consultas a los mismos patronatos”.
La ley busca resaltar las tradiciones de los pueblos originarios, así como las de otras regiones del país.
“Las escuelas culturales son otro punto que contempla el documento, en donde algunas de ellas pasan al Ministerio de Educación (Meduca) para que puedan tener el aval educativo de estas carreras de docentes culturales para que sean reconocidas por la entidad”.
En tanto, Daniel Domínguez, director nacional de las Artes del MiCultura, comenta que la ley va a colaborar a que los artistas y el resto de los activos de este sector, sean vistos como lo que son: “seres con derechos y deberes”.
“Se les brinda la ocasión perfecta de hacerlos visibles de manera aún más plena como miembros de la sociedad civil y como ciudadanos. Esta ley es una manera de colaborar a que tengan mayor voz y voto dentro del proyecto de mantener con vigor la vida republicana”, sostiene.
Domínguez remarca que la Ley de Cultura colabora a darle mayor fuerza a la democracia. “Este es un sistema que requiere que todos los sectores colaboren para que siga creciendo de manera orgánica, y uno de esos sectores claves son los artistas, los promotores, los gestores culturales y quienes consumen sus ideas y creaciones:
el público, los espectadores”, anota el director, “una ley como esta es un insumo que también va a colaborar a que salgamos de ese Estado en vías de desarrollo porque el trabajo constante y valioso de todos los involucrados en las artes y las culturas, brinda un aporte claro al desarrollo en lo económico y lo social de nuestro país”.
“La Ley General de Cultura de Panamá es uno de los instrumentos más avanzados de América Latina en materia de políticas culturales, porque recoge las experiencias de otras latitudes, sumado a su adaptación a la realidad panameña, más el aporte de todo aquel que brindó su parecer desde su condición de saberes”.
Destaca que “sus ejes centrales son los derechos culturales de los que son objeto las personas y el desarrollo sostenible, que en su medida va a llegar a todas las esquinas del país”, anota Domínguez, “es una ley dinámica porque le da protagonismo activo a las políticas públicas pensando siempre en el bien de todos y teniendo claro que el desarrollo artístico y cultural de Panamá es el resultado del talento y empeño de los artistas, gestores y consumidores, más la presencia y apoyo del sector público, la sociedad civil y la empresa privada”.
“La Ley General de Cultura de Panamá es uno de los instrumentos más avanzados de América Latina en materia de políticas culturales, porque recoge las experiencias de otras latitudes sumado a su adaptación a la realidad panameña, más el aporte de todo aquel que brindó su parecer desde su condición de saberes”. Daniel Domínguez director Nacional de artes de MiCultura.
De acuerdo con Domínguez, la Ley General de Cultura también va a colaborar a consolidar y multiplicar la transparencia en el apoyo a diversos proyectos artísticos y culturales y estímulos variados que brinda MiCultura.
Pronunciamiento
Por otra parte, la vicepresidenta de la Asociación de Teatristas de Panamá (Astep), Sandy Correa, afirma que en un inicio no hubo una consulta previa al menos en sectores como el teatro, la danza y el circo; por lo que acudieron al primer debate, donde presentaron las modificaciones trabajadas previamente.
“En agosto llevamos nuestras propuestas a la comisión. Fue ahí cuando se nos tomó en cuenta a la mayoría y se hicieron los cambios.
Nuestro propósito fue incluir la definición de artes escénicas en el segundo artículo, porque la palabra teatro solo se mencionaba en la ley cuando se hablaba del Teatro Nacional, artes escénicas se mencionaba una sola vez, pero no estaba dentro de las definiciones.
Lo que no queríamos era que en un futuro se pudiera dificultar el acceso a los beneficios que otorga la ley”.
En ese sentido, comenta que gran parte de sus solicitudes fueron atendidas. “Pedimos que incluyeran los festivales para que también se vieran beneficiados. Un punto en el que no se nos tomó en cuenta fue en los incentivos, aquel que le da la oportunidad a las empresas de recibir un crédito fiscal sobre el monto que donen a las actividades culturales”.
Con relación a este tema, la Astep emitió un comunicado donde manifestó su apoyo a la aprobación del proyecto de Ley General de Cultura; no obstante, el gremio lamentó que en el segundo debate de la ley se aprobara la eliminación de cinco artículos del capítulo de régimen de incentivos.
“Estos artículos, entre otros temas, autorizaban créditos fiscales por un 35% sobre sus aportes, para las personas naturales o jurídicas que: realizaran donaciones en dinero al Fondo Nacional de Cultura o a proyectos culturales, fueran poseedoras de bienes declarados patrimonio cultural material o que realizaran gastos para su conservación, mantenimiento o elaboración de planes de gestión o intervención;
aportaran dinero para la elaboración, ejecución y mantenimiento de planes especiales de salvaguarda de manifestaciones incluidas en la Lista de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial”, registra Correa, quien manifiesta que ya aprobado en tercer debate;
este capítulo solo consta de dos artículos, uno que indica que los incentivos empezarán a regir en el año 2022, y otro que crea el Certificado de Fomento Cultural como incentivo para obtener créditos fiscales, pero no establece el monto o porcentaje de los mismos.
“Estos 5 artículos eliminados eran más específicos sobre el beneficio que iba a recibir la empresa, ya sea por donación cultural o por apoyar al Patrimonio Cultural Inmaterial, esto además establecía el porcentaje antes mencionado.
Ahora solo indica que un porcentaje de lo invertido, dependerá totalmente de la reglamentación que deba hacer el Órgano Ejecutivo”.
Pese a la eliminación de los cinco artículos, el gremio considera que el proyecto de ley 202 “está saldando una deuda que arrastra el Estado panameño con su ciudadanía desde hace varias décadas”.
En respuesta a la Astep, la diputada Corina Cano indica a este diario que sostuvo reuniones con el gremio durante la discusión de la Ley General de Cultura. “Se incorporaron los aspectos que a ellos les inquietaban, como visibilizar la profesión, el arte y la habilidad de esta agrupación”.
En cuanto al tema de los incentivos, afirma que hubo modificaciones en segundo debate. “Esto no significa que se quedaron sin incentivos. Lo que se hizo fue remitir esto a los beneficios que otorga la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme)”.
De igual manera, Cano puntualiza que legalmente la Asamblea Nacional no puede establecer porcentajes ni cifras.
“Nosotros podemos promover y establecer leyes, pero no podemos comprometer al Ejecutivo, ni al fisco o la recaudación de impuestos porque excede nuestra facultad como diputados, como hacedores de leyes; entonces es por eso que le corresponde a la reglamentación establecer los porcentajes respectivos.
El Ejecutivo es el que tiene la facultad de establecer las cantidades, pero lo que se hizo fue que la Ampyme, que es la autoridad encargada de este tipo de incentivos fuera quien se encargará de administrar esto”.
Gestores
La exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Luz Marie Bonadíes, ve con buenos ojos el hecho de que exista una hoja de ruta que guíe las políticas públicas en materia de cultura.
“Me parece importante definir varios conceptos que estaban sujetos al entendimiento de cada uno de los actores. Es excelente que con esta ley todos partamos de un mismo escenario común”.
En esa línea, manifiesta que el hecho de que este documento refuerce que la cultura es un derecho humano, es un cambio enorme para el país. “Entenderlo como un derecho humano precisamente habla de que no solo es importante para los creadores de cultura, sino para toda la población.
En un ecosistema saludable, todos los involucrados en este ámbito tienen algo que aportar desde la empresa privada, oenegés, el Estado y los creadores. Creo que esta ley deja en evidencia la importancia que tiene que los ciudadanos participen de manera activa”.
Bonadíes recalca que en Panamá no hay una identidad nacional única, sino que el país está conformado por una multiplicidad de culturas. “Hablar de identidades y culturas me parece súper importante. Asimismo, me parece importante que la ley contemple incentivos en el sector privado.
Es genial que hoy el Estado esté tomando en cuenta esta parte para que las empresas privadas formen aún más parte de este sector. Creo que antes los aportes iban más hacia la filantropía o la publicidad. Ahora entender todo lo que conlleva este ecosistema es sumamente valioso”.
La gestora cultural indica que otro aspecto positivo es la colaboración interinstitucional, es decir con otros ministerios y SerTv.
“Me parece que es vital para que exista un ambiente saludable y realmente las expresiones artísticas puedan llegar a toda la población; tiene que haber una estrategia mancomunada con luces largas que incentive la creación, pero también vele por la distribución de estos bienes y servicios culturales”.
Por su parte, el director y fundador de la agencia cultural Punto Bohemio, Roger Vásquez, comenta que para todo el sector la ley representa un gran paso.
“Antes no se contaba con ningún tipo de estructura legal que facilitara nuestra gestión. Siempre nos había tocado ser creativos para gestionar la cultura en Panamá y que fuera de alguna manera sostenible.
Sé que de aquí en adelante viene la parte institucional de MiCultura, a la que le corresponderá fortalecer este sector”.
“De alguna manera, con esta ley se pueden encontrar mecanismos para que los emprendedores creativos puedan tener proyectos sostenibles”, enfatiza.
Y con esta reglamentación “la gente le va a dar más importancia a la cultura que muchas veces se deja a un lado o simplemente se ve como entretenimiento a nivel general y no se ve como un derecho humano.
Incluso, algo que me fascina dentro de todo esto es que se busca resguardar la memoria cultural. Los festivales que se dedican a resaltar este tema tendrán cómo apalancarse para fortalecer sus proyectos”, concluye.
